La primera adjudicación de licencias radiofónicas realizada en España, no por un Gobierno, sino por un organismo teóricamente independiente, el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), ha desembocado en un preocupante fiasco. Un resultado que enerva el griterío de algunos de los grupos que se sienten perjudicados, pero que también es decepcionante por el nefasto procedimiento arbitrado y por la escasa independencia demostrada por algunos de los miembros del organismo.
El procedimiento ha estado aquejado de una opacidad incluso superior a cuando este tipo de concesiones las realizan los Gobiernos. El presidente del CAC, Josep Maria Carbonell, secuestró la discusión plenaria del organismo, sustituyéndola por unas ralas consultas de confesionario propias del secretismo vaticano, o del soviético. Lo llevó todo cocinado al pleno. Un pleno extraordinario, en vez de ordinario, para obstaculizar, no ya la discusión, sino hasta el acceso a la información de los consejeros. En efecto, si la convocatoria hubiese sido ordinaria, éstos habrían dispuesto de al menos 48 horas para estudiar los expedientes (14.000 páginas) de la Mesa de Contratación, en vez de sólo la noche anterior a la ratificación.
Es decepcionante que un organismo creado para evitar el arbitrismo del poder político actúe con unos procedimientos que extreman la arbitrariedad de la decisión. Carbonell afirmó ayer ante el Parlamento catalán que "todos los miembros" del CAC han procedido "con absoluta independencia de criterio" frente a las empresas y sostuvo que "el Consejo no está formado por delegados de los partidos políticos" que los propusieron. Pero propusieron a antiguos diputados suyos, en su mayoría.
El criterio de independencia e imparcialidad obligaba al propio Carbonell -que simultanea su condición de aparatchik del PSC con la pertenencia a dos fundaciones del arzobispado barcelonés- a no participar, o al menos ausentarse, en la decisión de otorgar siete licencias a la emisora episcopal catalana Ràdio Estel (de carácter más liberal que su hermana la Cope), con una audiencia de apenas 8.000 personas. Su defensa victimista, alegando que se le critica por sus creencias, es inane. Que crea y practique la religión que quiera, pero aplíquese el mínimo código de incompatibilidades. Lo mismo cabe decir al secretario del Consell, Santiago Ramentol, ex director de Ràdio Estel.
Lo que aquí se examina no es el discutible resultado concreto de la adjudicación, que ha beneficiado a algunos grupos que apoyan al tripartito; perjudicado a otros (entre ellos la SER, del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS) a cuyas asociadas se les ha negado licencia; y excluido de raíz a empresas tan distantes entre sí como la Cope o el Grupo Zeta. Lo denunciable es la falta de transparencia e independencia de un organismo creado para ser neutral y que ha resultado hipócritamente parcial.
El procedimiento ha estado aquejado de una opacidad incluso superior a cuando este tipo de concesiones las realizan los Gobiernos. El presidente del CAC, Josep Maria Carbonell, secuestró la discusión plenaria del organismo, sustituyéndola por unas ralas consultas de confesionario propias del secretismo vaticano, o del soviético. Lo llevó todo cocinado al pleno. Un pleno extraordinario, en vez de ordinario, para obstaculizar, no ya la discusión, sino hasta el acceso a la información de los consejeros. En efecto, si la convocatoria hubiese sido ordinaria, éstos habrían dispuesto de al menos 48 horas para estudiar los expedientes (14.000 páginas) de la Mesa de Contratación, en vez de sólo la noche anterior a la ratificación.
Es decepcionante que un organismo creado para evitar el arbitrismo del poder político actúe con unos procedimientos que extreman la arbitrariedad de la decisión. Carbonell afirmó ayer ante el Parlamento catalán que "todos los miembros" del CAC han procedido "con absoluta independencia de criterio" frente a las empresas y sostuvo que "el Consejo no está formado por delegados de los partidos políticos" que los propusieron. Pero propusieron a antiguos diputados suyos, en su mayoría.
El criterio de independencia e imparcialidad obligaba al propio Carbonell -que simultanea su condición de aparatchik del PSC con la pertenencia a dos fundaciones del arzobispado barcelonés- a no participar, o al menos ausentarse, en la decisión de otorgar siete licencias a la emisora episcopal catalana Ràdio Estel (de carácter más liberal que su hermana la Cope), con una audiencia de apenas 8.000 personas. Su defensa victimista, alegando que se le critica por sus creencias, es inane. Que crea y practique la religión que quiera, pero aplíquese el mínimo código de incompatibilidades. Lo mismo cabe decir al secretario del Consell, Santiago Ramentol, ex director de Ràdio Estel.
Lo que aquí se examina no es el discutible resultado concreto de la adjudicación, que ha beneficiado a algunos grupos que apoyan al tripartito; perjudicado a otros (entre ellos la SER, del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS) a cuyas asociadas se les ha negado licencia; y excluido de raíz a empresas tan distantes entre sí como la Cope o el Grupo Zeta. Lo denunciable es la falta de transparencia e independencia de un organismo creado para ser neutral y que ha resultado hipócritamente parcial.
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